Nuevas declaratorias y ordenanzas, impugnaciones y pronunciamientos jurisprudenciales son parte del análisis que el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC y el Centro de Humedales Río Cruces realizaron de estos cinco años de la Ley 21.202 de Humedales Urbanos, y que se presentó en un seminario donde se abordaron los temas pendientes y los desafíos a corto y mediano plazo.
Con la presencia del impulsor de la Ley 21.202, el senador Alfonso de Urresti; la alcaldesa de Valdivia, recientemente denominada Ciudad Humedal, Carla Amtmann; y el ministro del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro, se realizó el seminario “Protección de humedales urbanos: retos y oportunidades”, en donde se analizaron los distintos aspectos que han marcado la implementación y puesta en marcha de esta ley pionera en Chile y en Sudamérica.
En la ocasión, Daniela Rivera, profesora de la Facultad de Derecho UC y del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC; e Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile (CEHUM), presentaron los resultados del artículo “Normativa de humedales urbanos en Chile: ¿en la senda del desarrollo sustentable?”, de autoría de los dos investigadores mencionados y de Jorge Tomasevic, también del CEHUM. Este trabajo recopiló una serie de insumos para evaluar la implementación de la Ley 21.202 y los resultados de dos talleres con actores de todas las entidades relacionadas con la implementación de la Ley: ministerios, municipalidades, poder legislativo, tribunales ambientales, sector privado, ONGs, academia y la sociedad civil.
El estudio contempló una revisión normativa y jurisprudencial y de literatura, realización de talleres en Santiago y Valdivia y un análisis interdisciplinario con todo el material, con el objetivo de identificar fortalezas y debilidades, y proponer medidas que permitan mejorar su aplicación y la conservación de estos ecosistemas.
En este sentido, la académica de la UC, Daniela Rivera, sostuvo que la Ley de Humedales Urbanos “creó una nueva categoría de protección oficial, llenando un vacío y dando cierto orden a la situación jurídica preexistente en materia de humedales. Ahora bien, luego han surgido otras normas asociadas, como la reforma al Código de Aguas o la que crea el SBAP, entre otras, creando un entramado normativo cuya coherencia no es clara, pues no ha existido una visión integral y sistematizadora”.
Por otra parte, el director ejecutivo del CEHUM, Ignacio Rodríguez, indicó que el hecho que la Ley incluya criterios ecológicos es muy relevante para una adecuada valoración de la importancia de los humedales para la vida. “Asimismo, vemos que los humedales hoy son incluidos dentro de las herramientas de planificación territorial y dentro del diseño de la infraestructura pública; y además, se reconoce su importancia para mitigar los efectos del cambio climático, la contaminación química del agua, entre otros. Por último, el involucramiento de los actores sociales y los tomadores de decisión han sido clave para relevar su rol y funciones”, apuntó.
Dentro de las debilidades, el estudio incluye como principales la descoordinación institucional, la falta de incentivos para los privados en cuyos predios se emplazan humedales urbanos, insuficiente financiamiento público, contradicciones y vacíos normativos, inobservancia de estándares y plazos exigidos en los procedimientos administrativos, entre otros.
Propuestas para mejorar la aplicación de la ley
Luego de la sistematización de toda la información recopilada, los investigadores proponen dos tipos de propuestas. “Por una parte, creemos que hay que hacer cambios normativos, como la revisión y actualización de los criterios de delimitación, dada la experiencia que ya tenemos y la evidencia nacional e internacional; evaluar la introducción de algunos incentivos para la conservación de humedales que estén en terrenos privados; incluir instancias adicionales de participación; entre otras”, indicó Daniela Rivera.
Ignacio Rodríguez señaló que “por otra parte, proponemos ajustes en las prácticas administrativas y en otras políticas públicas, como el cumplimiento efectivo de estándares de los procedimientos administrativos, la actuación coordinada de organismos administrativos, financiamiento adecuado, la educación y la colaboración público-privada, entre otros”.
La Ley desde el análisis de los actores
El impulsor de esta Ley, el senador Alfonso de Urresti, valoró el exhaustivo análisis realizado porque le entrega seguimiento técnico y científico. “Esta ley viene a dar un comienzo y un inicio a una nueva etapa en términos de conservación y no fue fácil sacarla adelante. Sin embargo, se ha recogido jurisprudencia, con fallos simbólicos y relevantes y producto de la diversidad de condiciones geográficas (norte o sur), es necesario que tengamos una mejor gestión de la conservación. Pero más allá de eso, ahora que ya tenemos evidencia necesitamos que los centros científicos y académicos nos apoyen para que las personas entiendan que no solo defendemos especies, sino que estamos protegiendo a la ciudadanía de eventuales inundaciones o desastres naturales producto de los efectos del cambio climático”, precisó el senador.
A su vez, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, señaló que, como recientemente denominada Ciudad Humedal, Valdivia tiene numerosos desafíos, pero también muchas oportunidades, por lo que agradeció el esfuerzo de los investigadores ejecutores del estudio para las temáticas que son relevantes y de interés municipal.
La alcaldesa sostuvo que “nos hemos ofrecido como la puerta de entrada de Ramsar para el Cono Sur y traemos mucha información de la COP de otras ciudades humedales con mucho desarrollo e inversión en infraestructura y soluciones basadas naturaleza. Paralelo a eso, nuestro nuevo plan regulador será ejemplo para otros municipios ya que incluye incentivos para hacer restauración o mejoramiento para poder desarrollar otros proyectos”. La edil afirmó, además, que la fiscalización, conservación, mantención y restauración de humedales tiene un alto costo y muchas veces se ven imposibilitados de cumplir los mandatos de Contraloría u otros entes por este motivo, y que están trabajando en la creación de una cuadrilla para el cuidado de humedales, considerando la oportunidad de generar empleos verdes.
Finalmente, el ministro del primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro, realizó un repaso de cómo ha intervenido el Tribunal con relación a reclamaciones e impugnaciones, y los retos que aún están pendientes, ya que existe poca jurisprudencia en algunos casos. En este sentido, considera fundamental aunar criterios y contar con más pronunciamientos a de tribunales superiores como la Corte Suprema, ya que ayudaría a solucionar conflictos que actualmente se presentan.
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